La desescalada es un momento clave para empezar a minimizar el impacto de la crisis y del confinamiento en los niños, niñas. No podemos olvidar el enorme esfuerzo que han hecho los más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en España y la necesidad que tienen de empezar a normalizar su situación.

Realizar un cierre de curso escolar presencial, establecer un marco estatal con las normas de prevención y seguridad necesarias para organizar actividades de ocio y tiempo libre este verano, flexibilizar las condiciones actuales de salidas de los niños y niñas, garantizar que ningún niño o niña se queda atrás con el comienzo del curso escolar o aprobar medidas que permitan a las familias conciliar son algunas de las propuestas recogidas en el documento “Recomendaciones para una desescalada que respete los derechos de la infancia”  que la Plataforma de Infancia ha hecho llegar a los Ministerios de Derechos Sociales y Agenda 2030, de Transición Ecológica, de Educación y Formación Profesional, y al Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil

La infancia no puede ser invisibilizada. No se puede hacer recaer el peso de las medidas más restrictivas para evitar la propagación del virus en los ámbitos que afectan a la infancia; sobre todo cuando algunos estudios empiezan a apuntar que los niños y niñas no parecen desempeñar un papel importante en la propagación del COVID-19, al contrario de lo que se ha estado afirmando desde el inicio de la crisis.

El proceso de desescalada debe tener un claro enfoque de infancia, asegurando que las políticas públicas que se vayan a poner en marcha incluyen una mirada transversal de infancia, junto con medidas específicas para protegerla en los diferentes ámbitos y promoviendo los derechos que se han visto afectados en el estado de alarma.

Además, deberán tener especialmente en cuenta la situación de la infancia más vulnerable, la que ha sufrido el confinamiento con más dificultades. La brecha social ya existente está aumentando con esta situación y es fundamental poner en marcha medidas que traten no sólo de contenerla, si no de reducirla.

Pero también será necesario asegurar que las medidas y protocolos que se elaboren en la desescalada con el objetivo de evitar la propagación del virus, detectar y actuar adecuadamente una vez se identifican casos, no ponen en peligro los derechos de los niños y niñas. Es fundamental prestar especial atención a los derechos relativos a la privacidad y confidencialidad del propio niño, niña o adolescente. Por esa razón cuando se detecte cualquier caso o se trate información sobre posibles situaciones de riesgo deberá tenerse en cuenta el uso correcto de la información, garantizando la confidencialidad de estos y la no vulneración de los derechos del niño o niña afectado. Asimismo, las medidas de prevención adoptadas no pueden suponer una rebaja de las exigencias de las políticas de protección frente a la violencia, exponiendo a los niños y niñas a posibles riesgos.

Sin duda, uno de los objetivos prioritarios de los poderes públicos en esta desescalada debe ser asegurar el bienestar de todos los niños y niñas en los próximos meses prestando especial atención a los siguientes ámbitos.

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Fuente: www.plataformadeinfancia.org